Acuerdo con la derecha para que todo siga igual

El gobierno “ciudadano” de Michelle Bachelet ha terminado por hacer evidente, con suma claridad, que lo progresista y democrático no era sino una etapa en el discurso que encubrió continuismo en las mismas formas que siempre ha tenido la concertación para hacer política. De un momento a otro la careta progre ya no fue necesaria o incluso era contraproducente, se perdía en “autoridad y liderazgo”. Ocurrió que volvieron viejos conocidos a las carteras ministeriales a implementar política ultrarepresivas en contra la movilización social (muertes incluidas). La concertación ha cerrado filas.
En este contexto es que aparece el llamado “acuerdo nacional por la calidad de la educación”, acuerdo en el que las dos derechas chilenas -las que han velado por el mantenimiento de la educación tal cual está durante 18 años- se comprometen a pasar por sobre sus diferencias y establecer un diálogo entre tecnócratas por el bien de nosotros los chilenos. ¿Y la participación ciudadana?, ¿y los actores sociales que participaron de las movilizaciones contra la LOCE durante el 2006? No se sabe. La nueva LGE no toma en cuenta los principales contenidos de las movilizaciones: la desmunicipalización, el no al lucro, un énfasis real en el fortalecimiento de la educación pública.




Ahora bien, con respecto a la ley, esta incluye la creación de nuevos organismos que lejos de provenir de una concepción distinta de la educación pública, pretenden corregir vicios de la ya existente. Así, salta a la vista el énfasis por una mayor fiscalización para con los recursos destinados, medida por lo demás necesaria a la concertación, pues a la luz de los escándalos recientes, si no quiere deslegitimarse políticamente la concertación debe ponerle frenos al robo de sus propios militantes. En ese sentido, la creación de la “superintendencia de educación” no resuelve el problema y sólo puede significar un avance si se acepta que el problema de la educación radica en que no se ha aplicado bien un modelo, pero que este es en sí mismo correcto y mejorable.
Además se incorporaría un “Consejo Nacional de Educación” que vendría a ser como una versión permanente de los consejos asesores presidenciales; imbuidos en un discurso ciudadano pero que, tal cual sus precedentes, no son ni representativos de los sectores sociales que se movilizan con respecto a la educación ni le quitan poder a los grandes grupos políticos que han administrado esta educación sumamente desigual y deficiente. Queda claro, entonces, que la función de esta instancia no irá más allá que la de desmovilizar; crear supuestos conductos democráticos para evitar un conflicto social que se ha tornado inevitable.
Entonces las conclusiones que a nuestro juicio debe sacar el movimiento estudiantil radican en reafirmar aquello que teníamos claro: Los cambios en la educación no van a salir de la buena voluntad del gobierno y por lo tanto debemos avanzar en organizar el descontento y llevarlo a la movilización social, Ya se puede pronosticar un segundo tiempo del gobierno de Bachelet que a la vez que implementa descaradamente políticas más represivas, pretenderá crear organismos para desviar la movilización tras la apariencia de la participación ciudadana. Nada nuevo bajo el sol.